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Martes, Octubre 15, 2019
   
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El marco normativo referente a los pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial es nuevo en nuestra legislación, aún si estos pueblos habitan ancestralmente el territorio. Si bien este marco trata de establecer las pautas para el reconocimiento de los pueblos en mención y de las áreas que ocupan, surgen aún interrogantes sobre la manera idónea de regular una situación tan especial.

Es importante mencionar que a la fecha no se cuenta con un régimen transectorial de protección real de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana y que la autoridad encargada carece de fuerza institucional. El INDEPA ha sufrido desde su creación diversos cambios, tales como pasar de ser un organismo público descentralizado con rango de ministerio a ser una Dirección del MIMDES y, luego, nuevamente a ser una entidad independiente, lo que lo ha debilitado como entidad especializada.

Por otro lado, las normas vigentes señalan una serie de requisitos para el reconocimiento de los pueblos y el establecimiento de las reservas indígenas. Así, para llevar a cabo este proceso, se debe emitir dos decretos supremos: uno para el reconocimiento del pueblo como tal y otro para que el área que ocupa adquiera la calidad de reserva indígena, estando cada uno de estos decretos sustentado en estudios realizados y evaluados por comisiones multisectoriales, una situación que genera demora en el proceso. Tanto el reconocimiento del pueblo como la delimitación de la reserva indígena podrían realizarse en un solo acto, cumpliéndose así con el principio administrativo de simplicidad.

Respecto de los requisitos para el establecimiento de reservas indígenas, ellos pueden ser también sujetos a diversas interpretaciones, debido a que los expedientes que se presentan para su calificación técnica se evalúan sobre la base de pruebas fehacientes y de rigor científico que deben evidenciar la existencia de pueblos en aislamiento o en contacto inicial, una situación que genera incertidumbre sobre cuál es el valor de las pruebas y la calificación que otorga la comisión, lo que podría limitar en muchos casos el reconocimiento de estos pueblos y su protección.

Finalmente, es importante mencionar que aún no se ha definido con exactitud el nivel de protección que estas reservas tendrán, ya que en  ellas se permite incluso la exploración, explotación o aprovechamiento de recursos cuando estas actividades resultan de necesidad pública.

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