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Martes, Octubre 15, 2019
   
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MARCO INSTITUCIONAL

No podemos hablar de institucionalidad en asuntos indígenas sin comentar los constantes cambios que han sufrido las entidades del Estado que se han ocupado de este tema, empezando por el Instituto Indigenista Peruano, fundado el 15 de mayo de 1946 y clausurado porque múltiples organizaciones indígenas lo consideran de tendencia integracionista y paternalista.

En los años ochenta, el Instituto Indigenista Peruano era un organismo público descentralizado del sector trabajo y promoción social, cuyos programas y acciones debían ajustarse a la política del sector en mención. Efectuaba investigaciones y estudios sobre los problemas específicos de los grupos aborígenes y recomendaba las medidas que procedía adoptar, en orden al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de estos grupos y a la preservación de su identidad cultural, así como al cumplimiento de los convenios internacionales relativos a las poblaciones indígenas suscritos por el Perú.

En 1996 se transfirió a este Instituto al Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano. En 1998, se lo disolvió y se creó la Secretaria Técnica de Asuntos Indígenas (SETAI), dependiente del Viceministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH).

El 13 de febrero del año 2003, el gobierno disolvió la SETAI, el único organismo focal de la administración pública para los pueblos indígenas. El 22 de junio, mediante decreto supremo 015-2001-PCM, se creó la Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas a fin de dar solución a los problemas de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana.

Mediante decreto supremo 111-2001-PCM, de fecha 5 de octubre del 2001, se creó la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA), adscrita a la PCM. La secretaría ejecutiva de la CONAPA remplazaba a la SETAI.

Con la ley 28495 de fecha 6 de abril del 2005, en el marco de la promoción de la inclusión y participación de los pueblos indígenas y afroperuano, se fundó el INDEPA, como organismo público descentralizado con rango ministerial adscrito a la PCM.

EL INDEPA se creó como el ente rector de las políticas nacionales referentes a los pueblos indígenas amazónicos, andinos y afroperuano, encargado de proponer y supervisar el cumplimientode las mismas, y de coordinar con los gobiernos regionales y locales la ejecución de programas y proyectos dirigidos a la promoción, defensa, investigación y afirmación de los derechos y el desarrollo de la identidad cultural de estos pueblos.

No habiéndose cumplido ni 2 años de la creación del INDEPA, el 22 de febrero del 2007, mediante decreto supremo 001-2007-MI MDES, se aprobó la fusión del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) y del INDEPA con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, teniendo como sustento la ley 27658, ley marco de modernización de la gestión del Estado, que declara al Estado Peruano en proceso de modernización, estableciendo principios, acciones, mecanismos y herramientas para llevar a cabo dicho proceso.

Luego de este proceso de transferencia que prácticamente paralizó al INDEPA, el 12 de diciembre del año 2007 se emitió la ley 29146, que dejó sin efecto la fusión del CONADIS y el INDEPA con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. En este contexto, se emitió el decreto supremo 001-2008-MIMDES, de fecha 29 de febrero del 2008, que adscribió el INDEPA al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, habiendo perdido su rango ministerial y dependiendo de este último ministerio para la aprobación de los dispositivos legales que se requieren para su funcionamiento efectivo.

Y finalmente, mediante decreto supremo 022-2010-PCM se adscribió el INDEPA a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Los constantes cambios institucionales han llevado al debilitamiento de las entidades encargadas de formular las políticas nacionales sobre pueblos indígenas, situación que podemos corroborar claramente en el caso de los pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, ya que las reservas que existen actualmente no cuentan con un régimen integral que mitigue las amenazas que se puedan presentar en las áreas destinadas para su protección.

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