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Martes, Septiembre 17, 2019
   
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EL DECRETO LEGISLATIVO 667

El decreto legislativo 667, ley del Registro de Predios Rurales, creó el Registro de Predios Rurales en el ámbito nacional. Con su aplicación, se permitía al particular que «esté poseyendo y explotando económicamente un predio rural de propiedad de particulares en forma directa, continua, pacífica, pública y como propietario, por un plazo mayor de 5 años» solicitar la inscripción de su derecho de posesión en el Registro Predial. De no presentarse oposición, dicha inscripción se convertía automáticamente en inscripción de propiedad. De esta forma, aunque el Registro de Predios Rurales no titulaba sino simplemente inscribía, con este mecanismo se lograría la inscripción de la propiedad de los agricultores.

El procedimiento para la inscripción de predios rurales se iniciaba con el reconocimiento del derecho de posesión, razón por la cual la norma diferenciaba dos situaciones: la posesión de predios rurales de propiedad del Estado y la posesión de predios rurales de propiedad de particulares. Respecto de los últimos, el trámite a seguir para inscribir la posesión en este Registro significó la transformación del trámite judicial de prescripción adquisitiva de dominio en uno de naturaleza registral (o administrativo). Solo en caso de presentarse la oposición de alguna persona interesada, dicho trámite derivaría en la vía judicial.

Adicionalmente a los requisitos comunes a la prescripción adquisitiva de dominio regulada en el Código Civil (posesión continua, pacífica, pública y como propietario), el decreto legislativo 667 enfatizaba la probanza de la posesión y la explotación económica para lograr la inscripción de la posesión. Respecto de la posesión, siguiendo la pauta establecida desde la ley de reforma agraria, la ley del Registro de Predios Rurales solo exigía la probanza de posesión de más de 5 años, independientemente de la buena fe, lo que constituye una importante diferencia con el Código Civil peruano.

En esta norma se definía al predio rural como aquella porción de tierra ubicada en un área rural o en un área de expansión urbana declarada zona intangible, dedicada a uso agrícola, pecuario o forestal. Se consideraba también como predio rural a los terrenos eriazos calificados para fines agrícolas.

Debemos resaltar, además, que el decreto legislativo 667 consideraba como explotación económica las actividades vinculadas directamente a la ganadería y agricultura. Por esta razón, esta norma no debería haber sido aplicada en suelos cuya capacidad es forestal o de protección, porque se podía generar un cambio de uso, más aún cuando este procedimiento debía ser ejecutado en concordancia con el decreto supremo 037-99-AG, que establecía que en procedimientos de adjudicación de tierras rústicas y eriazas ubicadas en zonas de selva y ceja de selva, se debía solicitar la opinión del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA).

Este decreto supremo tuvo como base lo establecido en el artículo 1 de la ley forestal y de fauna silvestre, decreto ley 21147 (norma vigente en ese momento y actualmente derogada), que determinaba que los recursos forestales eran de dominio público y que no hay derechos adquiridos sobre ellos. Precisaba además que las tierras cuya capacidad de uso mayor es forestal, no podrían ser utilizadas con fines agropecuarios, cualquiera fuera su ubicación en el territorio nacional.

Por su lado, la ley 27308, ley forestal y de fauna silvestre, que fuera derogada por el decreto legislativo 1090 y restituida su vigencia mediante las leyes 29376 y 29382, establece que los recursos forestales y de fauna silvestre mantenidos en su fuente, y las tierras del Estado cuya capacidad de uso mayor es forestal, con bosques o sin ellos, integran el patrimonio forestal nacional. No pueden ser utilizados con fines agropecuarios u otras actividades que afecten la cobertura vegetal, el uso sostenible y la conservación del recurso forestal, cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional, salvo en los casos que señale la ley y su reglamento.

Sin embargo, la aplicación del decreto legislativo 667 en la Amazonía es contraria a la legislación forestal, ya que esta norma fue concebida como un procedimiento ágil para regularizar la situación de los poseedores y propietarios en la costa y sierra de nuestro país, considerando las mejoras agrícolas como un mecanismo de fácil acceso a la posesión y propiedad. En la Amazonía peruana, su aplicación generó, por el contrario, el constante cambio de uso por roce y quema, lo que ha producido la pérdida de recursos naturales y el otorgamiento de derechos de propiedad en suelos forestales y de protección. Esta situación incrementa nuestra cadena de pobreza, porque al no tener el suelo una vocación agraria, la producción es prácticamente nula, lo que genera que los agricultores abandonen las áreas tituladas para buscar mejores suelos, iniciándose así una cadena de deforestación y pobreza, además del tráfico de tierras por la liberalización de estas áreas.

Aquí, debemos reflexionar sobre lo siguiente: el cambio de uso del suelo y las actividades de quema para este fin se encuentran penados según el artículo 310 del Código Penal. En dicho artículo se señala específicamente que será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años ni mayor de 6 años y con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas el que, sin contar con permiso,  licencia, autorización o concesión otorgada por la autoridad competente, destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones boscosas, sean estos naturales o plantaciones.

Resulta por tanto incomprensible la aplicación del decreto legislativo 667 en la Amazonía, no solo por la confusión que genera sino porque con el registro del derecho de propiedad a las personas que realizan roce y quema, se va en contra de lo estipulado en el Código Penal, otorgándose un derecho y un beneficio por realizar una actividad totalmente ilícita.

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