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Lunes, Septiembre 24, 2018
   
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EL DOMINIO SOBRE EL AGUA

El artículo 66 de la Constitución Política de 1993 dispone que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Este enunciado genérico es precisado por mandato de la misma Constitución, mediante la ley orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la cual establece que el Estado siempre conserva el dominio o propiedad de los recursos naturales, aún cuando otorgue derechos sobre ellos a los particulares.

La nueva LRH menciona explícitamente, para el caso del agua, que esta constituye patrimonio de la nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Se trata de un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la nación8.

Se ha dispuesto también expresamente que no haya propiedad privada sobre el agua, reforzando el concepto constitucional general de recurso natural, desarrollado luego en la ley orgánica. Con ello, se establece que cualquier modalidad de uso y cualquier derecho sobre el recurso hídrico, debe tomar en cuenta que el Estado mantiene un dominio eminencial sobre el agua, lo cual se traduce, por ejemplo, en su competencia para establecer criterios, limitaciones y obligaciones respecto del acceso, manejo y supervisión del uso del recurso.

Asimismo, para el caso de los bienes artificiales asociados al agua, en tanto estos hayan sido elaborados con recursos del Estado, son de propiedad del mismo.

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8     El reglamento de la LRH precisa que interés de la nación o nacional es aquel interés público que beneficia al Estado y prevalece sobre cualquier otro; mientras que interés público es aquel que corresponde a un grupo mayoritario sin determinar, a un grupo social o a una circunscripción territorial en particular.

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