Martes, Septiembre 23, 2014
   
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PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD

La acción de inconstitucionalidad recogida en el artículo 200 inciso 4 de la Constitución Política, procede contra normas que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados,13 reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

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Están facultados para interponer esta acción:

a. El presidente de la República (requiriendo el voto aprobatorio del Consejo de Ministros).

b. El fiscal de la nación (interpone la demanda directamente).

c. El defensor del pueblo (interpone la demanda directamente).

d. El 25% del número legal de congresistas.

e. Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas en el Jurado Nacional de Elecciones.

f. Los presidentes de región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional o los alcaldes provinciales con acuerdo de su concejo, en materia de su competencia.

g. Los colegios profesionales, en materia de su especialidad.

El plazo de interposición de la demanda de inconstitucionalidad de una norma es dentro de los 6 años contados a partir de su publicación, salvo el caso de los tratados en que el plazo es de 6 meses.

Admitida la demanda, y en atención al interés público, el Tribunal Constitucional impulsará el proceso de oficio con prescindencia de la actividad o interés de las partes. El proceso solo termina por sentencia.

En el proceso de inconstitucionalidad no se admiten medidas cautelares. El tribunal deberá dictar sentencia dentro de los 30 días de producida la vista de la causa

Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publican íntegramente en el diario oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su publicación.

La sentencia que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada, declarará igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse por conexión o consecuencia.

La declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad de una norma impugnada por vicios formales no obsta para que esta sea demandada ulteriormente por razones de fondo, siempre que se interponga dentro del plazo.

Las sentencias declaratorias de ilegalidad o inconstitucionalidad no conceden el derecho de reabrir procesos concluidos en los que se hayan aplicado las normas declaradas inconstitucionales, salvo en las materias previstas en el segundo párrafo del artículo 103 y último párrafo del artículo 74 de la Constitución.

Por la declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad de una norma, no recobran vigencia las disposiciones legales que ella hubiera derogado.

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13   Tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congreso conforme a los artículos 56 y 57 de la Constitución.

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